Por Erick Cuesta, Mimi Alas, Ingrid Moreno y Luis Marcano-Garcia
Las tumbas de nativos americanos han sido saqueadas durante siglos. Saqueos que a menudo han sido alentados por el gobierno federal y los museos, así lo informa una reciente investigación realizada por ProPublica. Cientos de tribus en el territorio estadounidense, entre ellas, Mississippi Band of Choctaw Indians, Kialegee Tribal Town, y Alabama-Coushatta Tribe of Texas han reclamado sin mucho éxito los restos humanos y artículos de sus antepasados por medio de la Ley de Protección y Repatriación de 1990 que establece la repatriación y disposición de algunos restos nativos americanos.
Según la investigación de ProPublica, existe un porcentaje de restos humanos y artefactos que hasta la fecha no se ha podido identificar su origen ni región a la que pertenecen, debido a que estos proceden de épocas antes de la historia escrita, lo que ha dado pie a distribuir estos restos humanos de acuerdo a criterios del estado y de otras leyes que determinan su destino, esto según lo plasmado en el “Plan estratégico” presentado por el U.S. Government Accountability Office, mismo que ha estado en efecto desde 2022 y continuará hasta 2027.
Hay únicamente disponibles 3,587 restos humanos para repatriación, los cuales pertenecen a 14 tribus entre las que destacan las de Alabama Coushatta de Texas y Tribu Coushatta de Louisiana, siendo estas las más afectadas con únicamente 26 restos disponibles.
Y es que aunque la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos de 1990 requiere que las agencias federales y los museos que reciben fondos federales, incluidas las universidades en el estado de Florida, sigan un proceso, las tribus continúan esperando el regreso de los restos y pertenencias de sus antepasados.
El proceso de la investigación arrojó que las agencias federales y los museos, incluidas 18 instituciones con sede en el estado de Florida, han adquirido restos humanos y objetos funerarios de nativos americanos que datan de cientos de años, lo que socava que las tribus consideren tales artículos como objetos invaluables para su herencia e identidad tribales.
Un reciente informe del gobierno federal indica que el Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida ocupa el undécimo lugar con el mayor número de restos humanos, con al menos 2,500 de estos. Aunque el proceso de repatriación ha estado ocurriendo durante las últimas cuatro décadas, de acuerdo con la capacidad tribal e institucional, el financiamiento, el personal, los cambios regulatorios, las auditorías y el Comité de Revisión de NAGPRA, los esfuerzos no han sido suficientes. Hasta la fecha, esta institución solo ha puesto a disposición el 13% para devolver a las tribus.
“Ha sido una gran cantidad de trabajo. Un osteólogo y nuestro equipo de repatriación están trabajando arduamente para identificar humanos entre los fósiles. Como he mencionado en el pasado, soy la única dedicada al esfuerzo a tiempo completo. Se necesitan fondos y más manos para acelerar el proceso de identificación y, finalmente, la repatriación”, así se refirió al proceso que lidera Catherine Smith, la coordinadora de repatriación en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida.
Según Smith, el factor común denominador es que las instituciones se han utilizado durante mucho tiempo como depósito de restos humanos encontrados en el suelo a medida que las agencias federales y otras corporaciones privadas desarrollaron terrenos en diferentes regiones del país. La institución para la que Smith trabaja no es la primera en expresar la falta de capital humano y fondos monetarios para ayudar al proceso.
Decenas de instituciones del país han reportado que poseen restos humanos de nativos americanos provenientes del estado de Florida.
Específicamente, el Departamento de Estado de la Florida y la Universidad de Harvard están entre las tres primeras que más restos humanos albergan, con 1,421 y 540 respectivamente, según los datos tabulados por ProPublica.
En 2018, para ayudar en el proceso de repatriación y cumplir con todas las solicitudes presentadas a través de NAGPRA, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (USGAO, por sus siglas en inglés) estableció más de 41 recomendaciones, que básicamente proponen que las agencias federales deben evaluar el marco legal que rige la exportaciones de artículos culturales nativos americanos. Pero, a partir del año 2022, solo se han implementado 15 de todos los elementos o recomendaciones.
En circunstancias normales, y según Truepoint Memorials, el costo estimado de transportar un cuerpo entre estados podría oscilar entre $1000 y $3000, y esto no incluye la preparación de los restos. La repatriación de los restos de nativos americanos puede sumar una cantidad incalculable de fondos (en millones).
Condados como Columbia, Taylor, Dixie y Hernando en el estado de la Florida son solo algunos de los condados que no han hecho disponible los restos y artefactos funerarios pertenecientes a los nativos americanos.
El mismo fenómeno ocurre con los restantes 56 condados del mismo estado (basado en el número de condados plasmados en la gráfica), que según arrojó la investigación de ProPublica, ya sea por falta de fondos o capital humano, no han podido hacer disponible a familias o tribus los restos de sus antepasados. Esto a pesar del interés demostrado por un sin número de individuos, familias y tribus a través del ‘’Tribal Directory Assessment Tool Information Form’’, herramienta hecha disponible por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano con el propósito de ayudar en el proceso de recuperación de los remanentes pertenecientes a los familiares nativos americanos.
Desafortunadamente, todavía existen múltiples lagunas legales en el proceso de repatriación que permiten que las instituciones conserven los restos humanos si estos son considerados “culturalmente no identificables”, es decir, que los restos no pueden vincularse a una tribu.
Por otro lado, en un esfuerzo por mejorar las condiciones en las que se manejan los trámites de repatriación de restos de personas nativas americanas, la administración Biden ha puesto manos a la obra con el propósito de aclarar los plazos, cerrar las lagunas en las regulaciones existentes y busca responsabilizar no sólo a los museos e instituciones que reciben fondos federales, sino también a las muchas agencias gubernamentales con restos indígenas en su poder.
Investigation y redacción por:
Erick Cuesta
Ingrid Moreno
Luis Marcano-Garcia
Mimi Alas